Leyendo el artículo de Miquel Payeras publicado en el semanario El tiempo el pasado 13 de octubre, "Florentino quiere controlar los servicios sociales en los Países Catalanes" , artículo que en los últimos días se ha vuelto a compartir con insistencia en las redes sociales, se pone de manifiesto que este debate sigue vivo. De hecho, nosotros no hemos dejado de recordar en ningún momento que no se puede hacer negocio con los servicios sociales de atención a las personas.
No nos cansaremos y no me cansaré de defender a proteger el modelo social de atención a las personas con discapacidad en Cataluña. La sociedad no quiere ni puede perder el modelo que hace más de 50 años se puso en marcha con el trabajo incansable de las familias y de las entidades, en colaboración con las administraciones, y que hizo posible una legislación que nos hizo avanzar desde el modelo inicial basado en la beneficencia hacia un modelo de derechos, y que nos ha hecho llegar al punto donde estamos a día de hoy: las personas con discapacidad pueden disfrutar de los servicios de apoyo que les son necesarios en las diferentes etapas de su vida, y en cada uno de sus pueblos y ciudades.
Como muchos sabéis, estoy hablando del modelo social de entidades no lucrativas de las ciudades catalanas, participadas por usuarios, familias, profesionales y sociedad civil, con vocación de servicio público, que dan servicio integral a la persona, que son solidarias con su entorno social y que su misión las hace perdurar más allá de las personas que las lideran, dado que su objeto es esencial e imprescindible en el territorio.
La publicación de la Orden de acreditación del 31 de diciembre pasado, en la que por primera vez en Cataluña se pueden acreditar empresas con fines lucrativos para gestionar servicios de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental, no era necesario. Este hecho ha hecho mal, nos ha hecho daño, y así lo ha expresado el sector de la discapacidad intelectual en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
Sin embargo, aún estamos a tiempo. El anuncio del Consejero Chakir El Homrani de una ley de acción concertada nos da margen. Hace mucho tiempo que la estamos pidiendo; de hecho, otras comunidades del Estado ya la tienen. Estamos a tiempo de hacer una ley entre todos, un marco legal que regule la especificidad de la atención de las personas con discapacidad, que regule la realidad, nuestra realidad en Cataluña en el que un 98% de la atención es no lucrativa.
Debemos legislar para que el instrumento del "concierto social" sea el marco de relación entre la administración pública y las más de 200 entidades sin ánimo de lucro que han creado y han prestado estos servicios a las personas con discapacidad en Cataluña durante los últimos 50 años.
Europa lo dice desde que en 2014 aprobó las directivas en esta materia: hay que legislar para dar respuesta a las realidades del territorios y ciudades y, en Cataluña, nuestra realidad es esta.
Girona, 11 de febrero de 2019
Pepita Perich
Gerente Fundación Ramon Noguera
